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Rigoberto Martínez Escárcega
El gobierno del espurio Felipe Calderón Hinojosa, producto de un fraude electoral sin precedentes en México, en donde el representante del poder ejecutivo se lanzó a una guerra frontal y abierta durante todo el sexenio contra el candidato de la oposición, inicia su gestión, militarizando al país, en aras del combate al crimen organizado y al narcotráfico. Es sabido de la opinión pública, que no sólo los resultados al combate del crimen organizado han sido poco satisfactorios, sino que las ejecuciones entre narcotraficantes dañando a gente inocente se multiplican día con día a lo largo y ancho de la república.
En contraste con los magros resultados al crimen organizado, la sociedad civil está siendo víctimas del nepotismo de los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, como lo hace patente la violación y asesinato de una indígena de más de sesenta años de edad en el estado de Veracruz a manos de soldados del ejército nacional o el asesinato alevoso y descarnado de tres niños y dos mujeres inocentes el pasado viernes 1 de junio de 2007 en el estado de Sinaloa por dos comandos de soldados.
Vea usted cuánto gasta el gobierno en estas linduras. El presupuesto autorizado para la Secretaría de la Defensa Nacional para el combate al tráfico de drogas y la delincuencia organizada en los primeros meses de gobierno de Felipe Calderón es el siguiente: “diciembre 2006, mil 253 millones 906 mil 488 pesos; enero 2007, mil 447 millones 420 mil 834 pesos; febrero 2007, mil 601 millones 31 mil 804 pesos, y marzo 2007, mil 299 millones 387 mil 417 pesos, lo que representa un total de 5 mil 601 millones 746 mil 543 pesos.” Si se multiplica la cantidad erogada en tres meses por cuatro, se tiene un gasto anual no menor a 20 mil millones de pesos destinados a la SEDENA, lo cual se podría ahorrar saneando todo los niveles de gobierno de funcionarios corruptos.
Una de las principales características que define a un gobierno fascista es su preocupación por militarizar e intimidar a la sociedad a costa del beneficio público.
Con la aprobación de la nueva ley contra el ISSSTE, impulsada por Felipillo, Elba Esther y compinches, no sólo se vulnera seriamente los derechos y servicios de millones de trabajadores, sino que se entrega el fondo de jubilaciones al gran capital financiero y se deja impune el desfalco de más de 25 mil millones de pesos, que la cacique Elba Esther Gordillo fraguó a costas del SNTE a través del Fideicomiso del Fondo Magisterial (VIMA).
La nueva ley contra el ISSSTE no sólo es un pago de factura de Felipillo a Esther Gordillo por su participación en el gran fraude electoral del 2007 que lo llevó al poder, sino que también es el resultado del apremio del gran capital internacional que opera a través del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para llevar a cabo un gran atraco financiero con los fondos de pensión de los trabajadores.
La nueva ley contra el ISSSTE mete de forma obligatoria a las personas de reciente contratación a un sistema de cuentas individuales para el retiro (mejor conocidas como AFORES), dando una pensión de menos de la tercera parte de lo que ganan en el último año de servicio; aumenta la edad de jubilación para los trabajadores en activo, desaparecen la jubilación dinámica y el aguinaldo para pensionados; se elimina la transferencia de la pensión a familiares; aumenta la cotización para el seguro de retiro al 100%; abre la puerta a la subrogación de los servicios médicos a particulares; y bursatiliza el fondo de vivienda, entre otras barbaridades más.
La nueva ley contra el ISSSTE, al igual que la reforma al IMSS de 1997, así como los rescates bancarios, carreteros y azucareros, es sin duda alguna, uno de los mayores atracos financieros propinado al pueblo de México.