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El atraco de la nueva ley contra el ISSSTE y los cuarenta ladrones
Rigoberto Martínez Escárcega
El rescate azucarero, o mejor dicho, el atraco del siglo: tercera parte
A seis meses de asumir el poder, Vicente Fox enfrentó su primera manifestación social; un grupo de cañeros de todo el país tomó las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa) y de la Secretaría de Economía (SE), para exigir el pago inmediato de 4 mil 500 millones de pesos que les adeudaban los dueños de los ingenios por la zafra del ciclo 1999–2000.
El 3 de septiembre de 2001 el gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto donde el gobierno expropiaba 27 de los 58 ingenios del país.
Para justificar la expropiación, el gobierno foxista apeló a la causa de “utilidad pública.” También acusó a los dueños de los ingenios de haber incurrido en “un alto grado de endeudamiento.” Sin embargo, nunca pudo explicar por qué sólo expropió 27 de los 58 ingenios, ni tampoco la razón por la que decidió dejar fuera dos ingenios con los cuales tenía vínculos el mismo Vicente Fox, ambos propiedad del consorcio Continental, que tiene una franquicia de Coca Cola en México.
Los ingenios expropiados eran controlados por cuatro consorcios: el Grupo Azucarero México (GAM), de Juan Gallardo, tenía seis; el Grupo Machado, de Teresa Machado, cuatro; el Grupo Santos, propiedad de Alberto Santos, seis; y el Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), de Enrique Molina, nueve. Los otros dos, La Joya y Santa Rosalía, ya estaban en manos del gobierno, por lo que el gobierno se expropió a sí mismo.
Los afectados solicitaron amparos para frenar la medida del gobierno foxista y varios juzgados decidieron otorgar dicha protección. Fue tal la cascada de amparos y la resolución a favor de los propietarios de los ingenios, que el gobierno tuvo que regresar 14 de los 27 ingenios expropiados entre 2004 y 2006: cuatro a GAM y al Grupo Machado y los otros seis al Grupo Santos.
Cuando los ingenios pasaron a manos del gobierno foxista, el Estado adquirió las millonarias deudas contraídas por sus antiguos dueños. La revisión de la cuenta pública al 2005, realizada por la Auditoría Superior de la Federación con datos de la misma Financiera Nacional Azucarera (FINA), el organismo gubernamental que administra los créditos para los ingenios, reveló que los 27 ingenios expropiados debían 19 mil 297 millones 678 mil pesos, deuda asumida por el gobierno.
Según resultados reportados por una auditoria especial practicada al proceso de expropiación por la Cámara de Diputados, los gastos de operación de los ingenios en manos del gobierno tuvieron en el 2002 una pérdida de 3 mil 277 millones de pesos; en 2003, de mil 805 millones de pesos; en 2004, de mil 923 millones; y para 2005 se elevó a 16 mil 557 millones de pesos.
La deuda asumida por FINA por la expropiación de los ingenios tiene un costo fiscal hasta el 31 de diciembre de 2005 de 15 mil 591 millones 56 mil pesos, que por supuesto los mexicanos debemos asumir. Además, se deben incluir 13 mil 395 millones de pesos de los adeudos que tienen los ingenios. Por lo que los costos de la expropiación se elevan a 28 mil millones de pesos. Dicha deuda se irá incrementando por los intereses que generan los pasivos de FINA.
Después de las resoluciones judiciales que obligaron a regresar 14 de los 27 ingenios, el gobierno federal empezó a vender a la iniciativa privada los ingenios nacionalizados, por supuesto, beneficiando a los grandes capitalistas y con grandes pérdidas financieras para la nación.
El empresario Juan Cortina Gallardo interpuso un amparo para recuperar el ingenio llamado San Francisco El Naranjal, por lo cual el gobierno lo tuvo que indemnizar con 95 millones de pesos. Además el gobierno invirtió 72.5 millones de pesos para mantener en funciones al ingenio; es decir desembolsó 167.9 millones de pesos en total. Pero en julio de 2006 lo vendió en 125.6 millones de pesos. No sólo no recuperó la inversión, sino que también se quedó con la deuda de 2 millones de pesos que tenía su antiguo propietario con FINA.
Por tanto, el gobierno derrocha recursos públicos nacionalizando empresas en completa bancarrota financiera, las indemniza, asume sus deudas, y termina vendiéndolas a bajos costos a empresarios corruptos allegados al gobierno. Bonito negocio, enriqueciendo a los más ricos a costa de los más pobres.