Importancia y Efecto del Gasto Educativo en México

El financiamiento de la educación, es quizás uno de los temas más críticos en las agendas de política pública de los gobiernos. Las recomendaciones y pronunciamientos a nivel internacional son contundentes en cuanto a demandar de los gobiernos un mayor esfuerzo para destinar más recursos al sector educativo. En el informe de seguimiento de la Educación Para Todos en el Mundo 2005, se declara que: “el doble desafío de ampliar el acceso a la educación y mejorar sus calidad exige una inversión duradera por parte de los países interesados”; en México, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 se propone: “alcanzar en 2006 una proporción de 8 por ciento del PIB destinado a educación” y en el Compromiso social por la Calidad de la Educación, fechado el 8 de agosto de 2002, los legisladores asumen el compromiso de mejorar los niveles de inversión en la educación hasta destinar cuando menos el 8 por ciento del PIB.”
Existe pues un consenso en cuanto a la urgente necesidad de incrementar los dineros en el presupuesto educativo. Sin embargo, como también se reconoce en el mismo compromiso social, existe una insuficiencia de recursos económicos públicos y privados destinados a la educación, factor que esta asociado a la baja calidad educativa.
La importancia del gasto público en educación se dimensiona desde el efecto o impacto que ésta puede generar en el mejoramiento de la calidad de vida. La apuesta es a más y mejor educación más y mejor progreso económico, social y humano. Así lo constatamos en la resolución 57/254 sobre el Decenio de las Naciones Unidas para la educación con miras al desarrollo sostenible que comenzó el 1° de enero 2005 y que ha sido adoptada por consenso, declaración en la que se proclama que:

El Decenio de las Naciones Unidas para la educación con miras al desarrollo sostenible pretende promover la educación como fundamento de una sociedad más viable para la humanidad e integrar el desarrollo sostenible en el sistema de enseñanza escolar a todos los niveles. El Decenio intensificará igualmente la cooperación internacional en favor de la elaboración y de la puesta en común de prácticas, políticas y programas innovadores de educación para el desarrollo sostenible.

El análisis sobre la importancia y efectos del gasto educativo debe hacerse de manera situacional, evitando caer en un educacionismo que le otorga a la educación el poder de transformar la sociedad o en un determinismo que nos puede llevar a concluir que nunca podremos tener una educación de calidad mientras no resolvamos la crisis de la economía nacional.

El artículo tercero constitucional establece que todos los mexicanos tenemos derecho a la educación y las obligaciones del estado para garantizar que se cumpla. Este marco jurídico, nos da un argumento contundente y suficiente para que la educación fuera declarada y asumida como prioridad nacional, con todo lo que ello implicaría. Es cierto que los gobiernos en sus planes y programas de educación nacional destacan acciones de política educativa que prometen abatir los rezagos educativos y asegurar una mayor cobertura, equidad y calidad educativa. El problema está en que se registran avances pero terminan persistiendo grandes y graves problemas en la educación nacional. Así lo reconoce el Programa Nacional de Educación 2001-2006 al señalar que:
Pese a los avances logrados hasta ahora, el desigual desarrollo de nuestro país ha impedido que los beneficios educativos alcancen a toda la población, persisten niños y niñas, numerosos adolescentes y jóvenes que aún no son atendidos por nuestro sistema educativo. La situación es particularmente grave en las entidades y regiones de mayor marginación y entre los grupos más vulnerables, como los indígenas, los campesinos y los emigrantes. Por ello la cobertura y la equidad todavía constituyen el reto fundamental para todos los tipos de educación en el país.
Pobreza igual a mala educación, ésta parece ser la ecuación de la crisis que cancela el derecho a la educación de miles de mexicanos. La lucha contra la pobreza lleva aparejada la impronta de implementar programas y proyectos educativos, más que compensatorios, que resuelvan de fondo, las reales necesidades de las comunidades escolares y aseguren el derecho a la educación con una visión de calidad social.
Los esfuerzos de México por avanzar en garantizar la cobertura y la equidad con calidad en el sector educativo, se ha concretado en consolidar los programas compensatorios (PAREIB), impulsar proyectos de mejora de la gestión escolar (PEC), reformas curriculares, pedagógicas y organizativas en la educación básica (Preescolar y Secundaria) y la implementación de proyectos tecnológicos (Enciclomedia). Sin embargo, la población más vulnerable como las comunidades rurales e indígenas o la de las zonas urbano marginales, siguen recibiendo una educación de mala calidad. Las estadísticas son dramáticas, al mostrar el rostro de la pobreza y de la marginación social en números. El último estudio de la UNICEF señala que en México la pobreza infantil se ubica en una tasa del 27% y los pobres en México alcanzan los 51 millones de los cuales tres millones se encuentran en pobreza extrema (SEDESOL 2004).
La política social en nuestro país, dirigida a romper el “círculo de la pobreza”, ha establecido programas que intentan impactar en el mejoramiento de la salud, la alimentación y la educación. Oportunidades, en el presente sexenio y Progresa en la anterior administración. En el caso de oportunidades calificado como uno de los programas mas importantes del actual gobierno federal, ejercerá un presupuesto total de 33 mil millones de pesos, las evaluaciones externas han mostrado un impacto positivo en cuanto al incremento de la matrícula y permanencia en la escuela, en el estudio denominado Resultados de la Evaluación Externa del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2003 se afirma que:

Oportunidades está teniendo un impacto importante en la matrícula de las secundarias rurales, que va creciendo con el tiempo y concentrado en las telesecundarias y secundarias generales, con
incrementos del 24.0% en el ciclo escolar 2002-2003. En zonas urbanas, los impactos de oportunidades son más pequeños, e implican un aumento en la matrícula de alrededor del 4.0% para el ciclo 2002-2003, principalmente concentrado en mujeres.

Es incuestionable la voluntad política del gobierno para incrementar el gasto en educación. A pesar de ello, el derecho a la educación de millones de niños y jóvenes mexicanos, continúa siendo la agenda crítica de las políticas sociales. Derecho que se cubre a medias, pues no basta con asegurar el acceso y la permanencia en la escuela, es fundamental garantizarles a esta generación de pobres una escuela pública que eduque para la vida con una visión de calidad social. De no ser así, en la apuesta por una educación para el desarrollo sostenible y el progreso de este país, perderemos hasta el futuro.

La política de gasto público debe facilitar el acceso de toda la población a la educación básica, condición necesaria para la erradicación de la pobreza y la marginación, a la vez que pasillo obligado para el acceso a la educación superior.
Fernando Barceinas

La educación que tenemos no es aún la que necesitamos para construir el país que queremos. Con esta aseveración inicia el texto del Compromiso Social por la Calidad de la Educación (CSCE) firmado por el Gobierno, el SNTE, la Iniciativa Privada, el Poder Legislativo, las instituciones, organizaciones y diversos sectores sociales, en agosto del 2002. ¿Cómo educar entonces para un desarrollo humano y social sostenible? Si no bastan acuerdos (ANMEB 1992) y pactos políticos y sociales (CSCE 2002); si las Reformas Educativas implementadas sexenio tras sexenio no han logrado un sistema educativo nacional de calidad y los presupuestos para el sector siguen siendo insuficientes, ¿cómo demostrar que la educación es una prioridad en la política pública de este país?
El Informe de la Calidad de la Educación Básica 2004, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), si bien muestra avances y logros importantes, sus resultados develan una realidad crítica que urge atender. Revisemos solo algunos datos sobre el estado que guarda la educación básica en México:

Entre 1990 y 2004, el gasto educativo por alumno en todos los niveles del sistema educativo aumento de 13.87 por ciento del PIB per cápita a 21.8
En una perspectiva internacional, el gasto educativo de México es muy inferior, en términos absolutos, al de los países que integran la OCDE.
Una proporción excesiva del gasto educativo nacional se destina a gasto corriente (salarios) y muy poco a inversión. Lo que significa que quedan muy pocos recursos para otros renglones del gasto corriente, los cuales inciden en la calidad (material didáctico, mantenimiento e infraestructura)
No hay recursos suficientes para apoyar actividades orientadas especialmente a la investigación, la evaluación y en general a la mejora de la gestión escolar.
Actualmente sólo unos sesenta jóvenes de cada cien de la generación que llega a los 15 años de edad terminan la secundaria a esa edad
Los bajos resultados de los alumnos mexicanos se explican, en parte, por lo factores del contexto: la demografía, las carencias económicas y la desigualdad social
La pluralidad cultural influye también en esos bajos resultados de los alumnos cuya lengua y cultura no son la hispanohablante.
México necesita redoblar esfuerzos hasta lograr que todos sus jóvenes de 12 a 15 años estén en la escuela en el nivel de secundaria, lo terminen, y lo hagan con niveles aceptables de aprendizaje.
La desigual distribución de recursos económicos entre las entidades federativas, y la coincidencia de factores favorables en unas y desfavorables en otras, dificulta los esfuerzos del sistema educativo por arrojar resultados satisfactorios en todos los lugares.

Las evaluaciones, tanto nacionales como internacionales, sobre el estado que guarda la educación en México, han aportado suficientes datos, no sólo para evidenciar los grandes problemas que tenemos, sino para asumir la educación, sin exagerar, como un asunto de seguridad nacional. Por que en el presente de la educación nos jugamos el futuro de la nación. Urge atender las recomendaciones emanadas de estas evaluaciones, y sin dejar de valorar los avances, decretar un estado de emergencia nacional por la educación.
Es importante la revisión del gasto educativo, para que los 25 centavos de cada peso que se le invierten, movilicen recursos para mejorar la infraestructura educativa, asegurar un mayor impacto en la compensación de los efectos de la pobreza, para hacer realidad la equidad con calidad en las escuelas. La distribución del presupuesto educativo debe considerar la educación básica como prioridad y los programas compensatorios deben ir más allá de una cultura paternalista y asistencialista y desterrar la “pedagogía de la zanahoria” que sólo propicia compromisos de simulación.
El marco del Decenio de las Naciones Unidas para la educación para el desarrollo sostenible representa una coyuntura política internacional que México debe aprovechar como una buena oportunidad para movilizar al país, sus recursos financieros y humanos para proclamar un programa de emergencia nacional por una educación con sentido humano y una escuela con calidad social.
El México que queremos será necesariamente el resultado de la lucha que estemos dispuestos a emprender por hacer de la escuela pública una escuela para el desarrollo humano sostenible entendido como lo define la UNESCO:

La educación para el desarrollo sostenible es un concepto dinámico que pone en valor todos los aspectos de la toma de conciencia del público, de la educación y de la formación para dar a conocer o hacer comprender mejor los lazos existentes entre los problemas relacionados con el desarrollo sostenible y para hacer progresar los conocimientos, las capacidades, los modos de pensamiento y los valores de manera que se pueda dar a cada quien, cualquiera sea su edad, los medios de asumir la responsabilidad de crear un futuro viable y de aprovecharlo.

Barceinas Fernando. Educación y distribución del ingreso en México. SITEAL.